Imágenes libres de derechos intervenidas por Juan Contreras.

El momento que vive Ecuador está marcado por el irrespeto deliberado a la Constitución, el debilitamiento de mecanismos de democracia directa —como las consultas populares— y la creciente criminalización de la protesta social y de la oposición política. Los derechos humanos suelen presentarse como el límite moral del poder y la garantía mínima de una vida digna en democracia. Funcionan como lenguaje ético y universal de convivencia social, como promesa de igualdad ante la ley y como escudo frente al abuso estatal. Pero hay una pregunta que incomoda: ¿qué ocurre cuando el mismo orden político que dice garantizarlos produce sistemáticamente precariedad, exclusión y muerte?

Ecuador atraviesa un incremento acelerado de las muertes violentas que ha superado registros históricos que hace pocos años parecían impensables. Este fenómeno no puede entenderse únicamente como un problema de seguridad, sino como parte de una forma particular de gobierno. En este contexto, resulta útil el concepto de soberanía desarrollado por Mbembe: «la capacidad de definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no» (2011, p. 46). Emerge la pregunta: ¿quiénes se han vuelto prescindibles en el Ecuador contemporáneo?

Los datos muestran que la necropolítica ya no está confinada a los márgenes carcelarios. Se ha expandido hacia la vida cotidiana, hacia el tejido social. Este proceso no es casual. Durante los últimos años, distintos gobiernos han impulsado políticas de desfinanciamiento del Estado —especialmente en el ámbito social—, estas se combinan con una ejecución deficiente del presupuesto público. El resultado es previsible: debilitamiento institucional, reducción progresiva de los presupuestos, de la cobertura, de la protección y la apertura de espacios para la privatización.

Aquí es donde la lectura de Castigar a los pobres: El gobierno neoliberal de la inseguridad social de Wacquant (2010) resulta clave. El neoliberalismo no implica un Estado débil, sino un Estado selectivamente fuerte. Reduce su intervención en lo social mientras amplía su capacidad punitiva. Wacquant lo sintetiza así: «el “gobierno pequeño” en materia económica produce un “gobierno grande” en el frente del trabajo obligatorio y la justicia penal» (2010, p. 432). Así, la retirada del bienestar se compensa con la expansión del castigo.

En este esquema, los derechos humanos cumplen una función paradójica. Sirven como marco discursivo de legitimación democrática, mientras el modelo económico reorganiza las condiciones materiales de reproducción de la vida. El Estado ecuatoriano puede asumir la Vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para 2026 y, al mismo tiempo, implementar políticas que intensifican la desigualdad estructural y retirarse del Comité de la ONU para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino. El problema no es que no existan derechos humanos en Ecuador. El problema es que coexisten con un modelo que produce sistemáticamente las violaciones que luego se denuncian.

Así opera la desregulación económica, la flexibilización laboral con el cambio de turnos y horas extras, la reducción de ministerios de veinte a catorce, la compra de medios y la concentración del debate público en «la mano dura y la guerra», la gestión policial de las cárceles, la militarización de la seguridad bajo estándares de perfilamiento racial, donde también coexisten ejecuciones extrajudiciales. Ninguna de estas medidas es aislada, sino una expresión coherente de la racionalidad política: una racionalidad que desplaza la responsabilidad estructural hacia la responsabilidad individual, que convierte la inseguridad en capital político y que redefine la pobreza como amenaza.

Rodríguez (2014) advierte que la inseguridad se ha transformado en una herramienta de legitimación del poder, a pesar del constante fracaso de los gobiernos. La política ya no se mide por su capacidad de redistribuir, sino por su capacidad de castigar. En ese escenario, incluso sectores progresistas terminan atrapados en el paradigma «securitario», replicando versiones atenuadas de las mismas respuestas punitivas de la derecha (Cesaroni, 2021, p. 44).

Aquí se revela el núcleo del problema: los derechos humanos, concebidos como garantías jurídicas universales, operan en la práctica como mecanismos individualizados de protección que no alcanzan a disputar por sí solos la arquitectura económica y política que produce desigualdad. Pueden frenar abusos específicos, pero no desmontan el régimen (neoliberalismo) que los hace previsibles. Esto no significa que deban abandonarse. Significa que deben desbordarse.

Spade (2022) propone el apoyo mutuo como práctica política capaz de reconstruir la solidaridad en contextos de crisis. Esa perspectiva sugiere algo fundamental: la garantía de derechos no puede depender exclusivamente de instituciones que operan dentro de la misma racionalidad que produce exclusión. Requiere organización colectiva, redistribución real y disputa del modelo económico. Si el neoliberalismo reorganiza el valor de las vidas, la respuesta no puede limitarse a exigir que el Estado cumpla formalmente con estándares del derecho internacional, de los derechos humanos. Debe cuestionar el modo en que el mercado, la política fiscal, la seguridad y la justicia penal se articulan para producir precariedad estructural.

Por eso, afirmar que los derechos humanos son insuficientes en el neoliberalismo no es un gesto cínico, es una advertencia política. Son insuficientes cuando se reducen a retórica normativa del deber ser. Son insuficientes cuando se limitan a litigios estratégicos aislados sin transformación estructural. Son insuficientes cuando funcionan como alternativa humanitaria de un orden que no se altera.

El verdadero riesgo no es «excederse» en garantías, como sostiene el discurso punitivista y de los medios de comunicación comerciales del Gobierno. El verdadero riesgo para quienes gobiernan desde la desigualdad y el autoritarismo es que los derechos humanos dejen de ser un lenguaje técnico y vuelvan a ser un proyecto político. Cuando un modelo económico y de gobierno puede convivir sin sobresaltos con el racismo, la desigualdad extrema, la militarización y la muerte selectiva, el problema no es la ausencia de derechos humanos, es que han sido domesticados. Y un derecho domesticado no transforma: apenas amortigua. Los derechos humanos deben dejar de ser una promesa abstracta y convertirse también en una práctica constante de memoria que enfrente a la violencia estatal. La memoria colectiva y la posibilidad de un futuro de derechos humanos se sostienen en el acto de nombrar a quienes han sido víctimas de desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial y transfeminicidio. Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina, Nehemías Arboleda, Efraín Fueres, Rosa Paqui, José Guamán, Kendra Cabeza, Carolina Soto y Lucy Victoria André Latorre viven.