Dicen. En este país, aprendemos bien a contar muertos, pero no tenemos estadísticas ciertas. La no cifra como forma de disimulo. No es tan grave. «Han bajado las cifras de violencia». Muertos en masacres carcelarias. Muertos por robo. Suicidados. Desaparecidos en la frontera de Estados Unidos. Muertos por falta de trasplante. Muertos por falta de insumos médicos. Y las mujeres. Un tipo jurídico: el femicidio. Un Ministerio de la Mujer. Una ley de erradicación de la violencia de género. Sin presupuesto. Una consultoría. Y otra. Y otra. Una mujer es asesinada cada veintiséis horas. Nos matan una por día, es decir, todos los días. Un gran castillo de naipes hecho de diagnósticos, cajones cerrados, ventanillas de manual, administradores de la muerte de las mujeres.

Mujeres se concentran en el Parque Calderón para exigir justicia para Abigail. Fotografía de Jaime Villavicencio.

Los señores de ese castillo nos han dicho que nuestras tragedias son incalculables y que no serán prevenidas. Que ni siquiera serán mitigadas. Que moriremos con nuestro femicida como testigo final de nuestra existencia, vejadas, quebrados nuestros muslos. Que ya no seremos maestras, como iba a serlo Abigail. Que las madres tendrán que sepultar a sus hijas con sus propias manos y quedarse en este mundo para mendigar justicia. Sobre las legítimas luchas a sangre y fuego de las mujeres, se ha construido ese castillo de naipes como quien juega a una casa de muñecas y coloca allí dentro sus cadáveres.

Entre la impunidad y la corrupción, la institucionalmente llamada «violencia de género» es también un negocio lucrativo. Abogados que defienden a femicidas y exhiben sus autos de lujo afuera de sus despachos. Pactos entre caballeros. Abogados que quedan como grandes feministas al ganar casos mediáticos. Ese cálculo. Abogadas que lucran de la vulnerabilidad. La justicia penal produce riqueza a partir del feminicidio. No busca evitar la muerte violenta de las mujeres, busca administrarla dentro del sistema disponible, ese que tarda, que cuesta, que obliga a hipotecarlo todo o desistir. Segundo Federico Carlosama, el femicida de Abigail, fue hallado muerto en su celda de la cárcel de Turi el sábado 18 de noviembre. Esto no le devolverá a Abigail a su familia ni terminará con los asesinatos. La ausencia de justicia abre mundos de venganza.

La capilla ardiente de Abigail fue en el campus central de la universidad donde estudiaba, recibió honores fúnebres para que su familia pudiera despedirla con dignidad. Pero no puede ser justicia levantar capillas ardientes para estudiantes asesinadas. Aunque es importante que una universidad haya dado por fin un paso adelante en Ecuador para reconocer la indefensión de las estudiantes, el feminicidio se asienta sobre un iceberg: acoso sexual, abusos de poder, bloqueo o falta de desarrollo de programas de género, ausencia de procesos de sensibilización y formación para el personal administrativo en lo que respecta a desigualdad e inequidad, protección a hombres con poder a pesar de ser agresores, tolerancia de machismos de toda escala en la vida cotidiana de las comunidades.

Abigail buscaba trabajo, fue vista con su asesino tras acordar una cita supuestamente laboral. La precariedad, la migración interna de mujeres jóvenes con condiciones adversas, la falta de oportunidad, la misma autonomía de Abigail para buscar trabajo, todo esto es castigado, penado con muerte. El femicidio es posible una y otra vez solo en una sociedad que perpetúa la violencia machista y juzga, en primer lugar, los mecanismos de defensa de las mujeres. Cuando asesinen a su hija, a su sobrina, a su esposa, ¿usted seguirá preocupado por los grafitis en las paredes o «las formas» a las que recurren las mujeres para protestar?

«Somos el grito de las que no están», decía en uno de los panfletos que sostenían las compañeras de Abigail. Fotografía de Jaime Villavicencio.

Hemos entendido que no será el Estado la fuente de justicia que erradique la violencia femicida. No serán sus legisladores ni sus jueces. Aun donde haya funcionarias comprometidas con la erradicación, ellas estarán rodeadas por la burocratización de la vida de las mujeres asesinadas, se verán condenadas a jaulas legales. Si las universidades siguen buscando defender el statu quo en vez de la transformación social, será cada vez más tenue su intervención crítica para producir un conocimiento que tenga que ver con las formas de vida y de muerte que habitamos. Esto no es una afirmación taciturna, por el contrario, nos llama a desnaturalizar los procesos en los que se creyó que había justicia, porque han sido paliativos, revictimizantes y desesperantemente lentos. En el caso de la educación superior, los contenidos muchas veces se han subordinado a líneas abstractas de género, marcadas por el Estado o por organismos internacionales, en lugar de escuchar a las portadoras de conocimiento por excelencia: las mujeres que caminan en un mundo que les es hostil, las mujeres que encarnan la inequidad y tienen visiones frente a ello. La resistencia ha consistido en abrir grietas en cada uno de los lugares que han hecho de las luchas feministas, transfeministas, trans y disidentes una concesión de «género». Abrir grietas en la cotidianidad: eso es lo que mantiene espacios críticos en las instituciones, cada vez más capturadas por el statu quo.

Despertar de esas concesiones hechas desde arriba y construir sociedades no femicidas es un proceso urgente, de eso dependen nuestras vidas. Las luchas sociales nos muestran el camino hace mucho. Allí están las resistencias cotidianas, encarnadas, rebelándose contra los lenguajes institucionales del género y hablando en feminista, en trans y desde saberes sexualmente disidentes. Allí están los cuerpos disidentes, las voces disonantes, las tomas de la calle, de la palabra, de cada espacio que nos permita construir otros vínculos, otras relaciones. Son surco abierto, fértil, no un castillo de naipes exhibido bajo reflectores.

Mientras el endeudamiento, el racismo, la migración forzada, la violencia social por pobreza, la exclusión por discapacidades y el sufrimiento psíquico matan, vemos luchas antirracistas, interculturales y de tantas disidencias levantar cada día un horizonte alterno a la violencia. Sin tejido social, no es posible imaginar masculinidades antipatriarcales comprometidas, mujeres trans que no estén amenazadas de muerte todos los días, mujeres emancipadas en colectivo. Las luchas cotidianas levantadas desde abajo nos están señalando formas de justicia cuya fuente no es la justicia penal, cuyo horizonte máximo no es el Estado. En nuestra voluntad por construir justicia de género en todas las esferas de nuestra vida, hoy vemos que solo el tejido social puede transformar este despeñadero a donde nos arroja la sociedad femicida en que vivimos y el Estado que la administra.

En la obra Ellas hablan (Women Talking, 2018), de Miriam Toews, un grupo de mujeres que han sufrido violaciones por parte de miembros de su comunidad debaten si irse o no para siempre. Una de ellas hace una pregunta dolorosa pero fundamental: «Si nos vamos, ¿nos llevaremos a nuestros hijos varones de más de doce años?». Su pregunta tiene que ver con el régimen en que vivimos. Las mujeres saben que esos hijos suyos un día podrán ser sus asesinos, sus violadores o sus opresores, así que dudan si llevárselos, porque ese régimen las rebasa.

¿Los niños de hoy serán femicidas mañana? ¿Dejaremos que el mundo sea eso? En una sociedad que tolera el asesinato de las mujeres, ¿cómo crecerán esos niños varones?, ¿con qué licencias?, ¿quiénes serán al crecer? ¿Sus madres tendrán que hacerse estas mismas preguntas? ¿Qué detendrá los asesinatos? O, ¿cómo hacemos para dejar de pensar que la justicia consiste en dejar que sucedan y luego recuperar nuestros cuerpos destrozados, rotos, enlodados?, ¿qué justicia debemos construir para que nos mantenga con vida?, ¿en dónde está?, ¿en dónde es posible vivir?