David Fajardo es un abogado y activista que trabaja en la protección de los derechos de la naturaleza y de los pueblos y nacionalidades. Fotografía de Jaime Villavicencio.

Cuando le pregunto a David Fajardo cómo se inició en el activismo, espero una anécdota convencional, ya saben: profesores de Filosofía o tertulias con amigos y café barato. Espero que me cuente sobre el proceso de recolección de firmas para la consulta por el Yasuní o sobre las primeras decepciones que recibió de los políticos. Pero no, David viaja más atrás en el tiempo y me cuenta sobre una edición especial sobre cacería, de la National Geographic, que su mamá le regaló cuando era pequeño. Cada página, cada animal que aparecía como presa y trofeo transformaron a ese niño que, en ese instante, decidió estudiar Biología y artes marciales. «Tenía que saber cómo ayudar a los animales, pero también cómo enfrentar a los cazadores», me cuenta.

Aunque su trayectoria académica no incluyó artes marciales o biología, ese afán por proteger permanece intacto en el adulto que, actualmente, es abogado y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Como parte del estudio jurídico Kuska, David se dedica al litigio estratégico y participativo, para la defensa de los derechos de los colectivos de pueblos y nacionalidades, y los de la naturaleza. Su labor se centra en la ecopolítica y en el activismo que realiza desde el colectivo Yasunidos y el Cabildo por el Agua de Cuenca, organizaciones sociales que, en los últimos años, han liderado la defensa de Kimsakocha y otros territorios amenazados por el extractivismo. Por esto, para este número, decidimos preguntarle sobre su trabajo, en el contexto de un proyecto minero que ha enfrentado al Gobierno nacional con la voluntad del pueblo azuayo.

¿Qué papel tienen los páramos y ríos en la constitución de nuestra identidad cultural?

Cuenca se constituyó tres veces en este territorio, por sus ríos. En un primer momento, Guapondelig y, luego, Tumipampa tuvieron relevancia regional por sus afluentes. En su fundación colonial, como Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, nuevamente se evidencia esa importancia.

Sin los páramos, ríos o bosques montanos, Cuenca y Azuay no serían lo que son. Lo tenemos muy interiorizado. Por eso, hay un movimiento muy interesante de defensa de la naturaleza en general, no solamente del agua. Si vemos, por ejemplo, las cifras de la consulta popular por el Yasuní, Cuenca es la ciudad que tiene más votos a favor de la protección. Sabemos que la desaparición de nuestros cuatro ríos o de los páramos —como el Cajas o Kimsakocha— sería un golpe fuerte para nuestra identidad cultural, pero también para nuestra supervivencia.

Bajo la consigna: «Kimsakocha no se toca», más de 100 000 azuayos y azuayas se manifestaron a favor de la protección de sus fuentes hídricas. Fotografía de Jaime Villavicencio.

El 16 de septiembre de 2025, en Cuenca, alrededor de 100 000 personas se manifestaron a favor de la protección de nuestras fuentes de descarga hídrica. Es innegable el rol que tuvo el Cabildo por el Agua de Cuenca para informar y empoderar a la ciudadanía. ¿Por qué es importante el activismo que realizan las organizaciones sociales?

Porque es un proceso de educación dirigido hacia la ciudadanía. En el caso del Cabildo por el Agua de Cuenca, cuando activamos a la gente para defender los páramos, apuntamos a que comprenda: por qué debemos actuar y proteger estos territorios y fuentes hídricas, por qué el agua vale más que el oro y por qué no es adecuado el desarrollo de proyectos mineros en ecosistemas tan sensibles.

Este proceso de enseñanza informal se hace a través de muchas estrategias, mecanismos y productos comunicacionales que se distribuyen en redes sociales o en forma de panfletos, informes técnicos y científicos, conversatorios y con lo que hacemos en la calle. Los plantones, veladas o actividades artísticas también son oportunidades de aprendizaje que permiten problematizar estos temas.

Sin embargo, hay una fuerte maquinaria comunicacional que viene desde el Gobierno, las empresas mineras o la Cámara de Minería. Dicen que el proyecto Loma Larga-Kimsakocha significa 4000 millones de dólares en exportaciones. Pero, si a ese dato lo desmenuzamos, la gente puede entender que esos millones no necesariamente significan ingresos para el Estado, pero sí 14 millones de toneladas de lodos tóxicos que se quedarían en Kimsakocha; significan la contaminación de fuentes hídricas como los ríos Irquis, Portete y Tarqui, este último atraviesa Cuenca.

El activismo no es solamente un ejercicio de rechazo o de oposición, es una forma de defensa y, para lograr esa defensa, tenemos que sensibilizar y educar.

¿Qué debemos saber sobre nuestro pasado, presente y futuro, en el contexto de estos más de treinta años de protección de nuestros páramos y fuentes de recarga hídrica?

La defensa del agua en Cuenca es mucho más antigua. Se han encontrado crónicas del siglo XVII que cuentan que, en las partes altas de nuestros ríos, había oro aluvial. Cuando su extracción empezó a contaminar el agua que se utilizaba para beber, regar, lavar o hacer funcionar los batanes y los molinos, empezó la lucha.

Entre los setentas y ochentas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con el Banco Mundial, financiaron un proceso de exploración minera en el Ecuador. En adelante, se ha desarrollado toda la infraestructura para que nos transformemos en un distrito minero —normativas, una especie de catastros con las concesiones existentes, modernización de la administración estatal—. Por eso, desde los noventas, nos enfrentamos a la minería industrial que se promueve y ejecuta por empresas transnacionales que vienen de capitales gigantescos del norte global.

Sin embargo, paralelamente sucedía algo maravilloso: el sentimiento ecologista popular —por ponerle un nombre— empezaba a surgir y a fortalecerse. Lo hemos visto en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Montecristi o en las consultas populares por el Yasuní, el Chocó Andino, en las de Girón y Cuenca. Está presente en victorias judiciales, como la defensa de la laguna Illincocha que está dentro del Parque Nacional Cajas, a la que querían convertir en una estación de bomberos.

«La exigencia de esta movilización histórica es que se eliminen todas las concesiones mineras y que los territorios se conviertan en áreas protegidas», dice David Fajardo. Fotografía de Jaime Villavicencio.

Aunque se alcanzó la revocatoria de la licencia ambiental para el proyecto minero de Loma Larga-Kimsakocha, el Gobierno actual sigue apostando por el extractivismo. ¿Qué implica esto para nuestra lucha por el agua? ¿Qué deberíamos tener en cuenta a la hora de posicionarnos ante la nueva consulta popular del próximo 16 de noviembre?

La revocatoria de la licencia ambiental es importante, porque, en términos políticos y simbólicos, significa que le obligamos al Gobierno a retroceder, a pesar de todos los avances que protegen al proyecto minero —el presidente Daniel Noboa fue a Canadá para acordar con la empresa minera el tema de Loma Larga. Además, el expresidente Guillermo Lasso celebró, con la minera, un acuerdo bilateral de protección de inversiones—.

Pero eso no ha calmado la exigencia principal de esta movilización histórica: que se eliminen todas las concesiones mineras, que no exista nunca más una amenaza en estos territorios y que se conviertan en áreas protegidas, ya sea como parque nacional, como una extensión del Área Nacional de Recreación Quimsacocha o como un área de protección hídrica que garantice la adecuada conservación de estos ecosistemas y sus funciones.

Preguntémonos por qué este Gobierno, en este momento específico, quiere una nueva constitución. Quienes están empujando esto no conforman un tejido social orgánico, no son comunidades y no representan las verdaderas necesidades de la población, sino son grupos económicos, con poder político, que quieren una constitución a la medida de sus intereses. Recordemos que el grupo Nobis es inversor en Adventus Mining Corporation, que está trabajando en Palo Quemado, donde hay un proyecto a gran escala que está devastando el sector y a sus poblaciones.

Cuando Noboa anunció la pregunta sobre la constituyente, la primera en celebrar fue la Cámara de Minería. Además, esta organización propuso un conversatorio para analizar «las grandes oportunidades que nos da el proceso constituyente». Se mencionaron cosas como limitar las consultas populares o modular los derechos de la naturaleza, porque son un gran impedimento para los proyectos mineros.

En la consulta popular de 2021, el 80 % de la población azuaya decidió que se prohibieran las actividades mineras en las fuentes de recarga hídrica. El 16S, la manifestación del Quinto Río ratificó su voluntad en las calles. Fotografía de Jaime Villavicencio.

Otra cosa que dijo la Cámara es que hay que limitar los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Uno de los grandes avances que tiene la Constitución de Montecristi es reconocer que, en sus territorios, los pueblos y nacionalidades son autoridades, pueden hacer derecho y administrar la justicia. También, estipula que tienen el derecho a la consulta previa, libre e informada. Los resultados de una consulta son vinculantes. Si un pueblo indígena dice: «Aquí no se hace minería», el Estado tiene que acatar.

Una nueva constitución representa un gran peligro, porque podría ser un revés para los avances y victorias que hemos alcanzado. Los resultados de nuestra consulta popular, con la que prohibimos la explotación minera en nuestras zonas de recarga hídrica, representan la voluntad del Quinto Río. Eso podría ser anulado con un nuevo marco constitucional. Decir no en noviembre es reafirmar la decisión de las consultas populares de Cuenca y Girón que protegen Kimsakocha, es reafirmar la consulta popular que protege el Yasuní.

Durante el último paro nacional vimos casos de vulneración de derechos y persecución a manifestantes y líderes y lideresas sociales: desde el bloqueo de cuentas bancarias —como el que enfrentas actualmente—, pasando por agresiones a periodistas, hasta la muerte de varias personas, ya sea por heridas de bala —como Efraín Fueres— o por afectaciones debidas al uso excesivo de gas lacrimógeno por parte de la Fuerza Pública —como el caso de Rosa Elena Paqui—. ¿Qué lecciones debemos aprender de este contexto?

Lo que estamos viendo en el Gobierno es autoritarismo. Hay condiciones reales de una dictadura de lógica fascista. Se ha calificado a las organizaciones sociales indígenas como terroristas, para justificar la violencia que se ejerce desde el Estado por medio de la Fuerza Pública, la que no ha tenido reparos en masacrar a la gente. No podemos perder la perspectiva: no atravesaríamos más paros, si los gobiernos de turno hubieran cumplido los acuerdos que se lograron en 2022, si el presidente no estuviera tomando decisiones en función de lo que dice el FMI o a favor de las empresas mineras transnacionales o de sus propios intereses, como parte de las grandes élites económicas del país.

Otra cosa detestable y peligrosa que está haciendo el Gobierno es perseguir y tratar de desarticular a las organizaciones sociales, porque son las que están impidiendo que avancen los intereses extractivistas. Con la Ley de Transparencia Social se controla a las organizaciones sociales o se ataca directamente a las personas que somos parte. En mi caso, congelaron mis cuentas personales. Luego, me pusieron una denuncia en Fiscalía por enriquecimiento privado injustificado, no porque yo sea relevante o un problema para el Gobierno, sino porque soy parte del Cabildo por el Agua de Cuenca y de Yasunidos. Con esto se criminaliza económica y penalmente a estas organizaciones. Además, se desmoviliza a la gente al instalar el miedo.

Según David Fajardo: «La Ley de Transparencia Social se usa para atacar a las organizaciones sociales, indígenas y las ONG que representan un obstáculo para los intereses extractivistas». Fotografía de Jaime Villavicencio.

La marcha fue el 16 de septiembre, para el 19 ya se bloquearon las cuentas; una semana después, ya tenía la denuncia. Nunca me notificaron, nunca tuve derecho a la defensa o a una audiencia. Accedí a la información por medio de terceros. Dicen que nos estamos enriqueciendo a costa de generar conflictos en las comunidades indígenas; que, con ese dinero, estamos pagando para que la gente salga a las calles. Lo que me están haciendo a mí se lo están haciendo a mucha gente. En la lista están 52 personas más. La mayoría son parte de organizaciones sociales que trabajan en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.

Estamos bombardeados de información sobre muchos conflictos. ¿Qué le dirías a la gente que se siente emocionalmente agotada? ¿Cómo podemos hacer para no bajar la guardia y mantenernos informados?

Es importante no caer en la polarización, que es la dinámica a la que nos quiere condenar el Gobierno, porque se da entre antis, por ejemplo: entre el anticorreísmo y antinoboísmo. Para salir de estas discusiones, debemos centrarnos en lo que queremos defender y cuidar.

Cuenca logró evadir la polarización definiendo claramente que lo que se hacía como Quinto Río era defender Kimsakocha, aunque eso implica un rechazo a las decisiones que tomó el Gobierno. Centrémonos en grandes objetivos, como proteger los derechos de la naturaleza, y rechacemos todo lo que es una amenaza para estos derechos.

Es necesario tener en cuenta que lo que estamos atravesando ya pasó en algún momento y lugar. Podemos mirar hacia EE. UU., Noboa es un gran seguidor de Trump y se identifica como su aliado. Por eso, se replican cosas como la performatividad y agresividad de la vocera del Gobierno, o los ataques a los periodistas que le son incómodos. También debemos revisar qué pasó en Europa durante el auge del fascismo o qué pasó en nuestro país con León Febres Cordero, los gobiernos militares y el velasquismo.

La deriva hacia los neofascismos es transicional, por eso no nos damos cuenta de cómo estamos dejando de ser una sociedad democrática. Es necesario romper la polarización que disminuye la capacidad de diálogo, debate y, sobre todo, anula la posibilidad de resistencia, protesta, entendimiento mutuo y construcción de acuerdos sociales.

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El 27 de octubre pasado, el presidente Daniel Noboa expidió el Decreto 191 con el reglamento de la Ley de Transparencia Social. Este indica que: «Las organizaciones sociales no podrán invertir, directa ni indirectamente, en actividades orientadas a obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados […] podrán desarrollar planes o programas sociales relacionados con dichos proyectos, siempre que estos se encuentren debidamente aprobados, articulados y supervisados por el Ministerio Sectorial competente». Varias organizaciones sociales han dicho que este reglamento busca no solo controlar su labor, sino criminalizar a quienes se opongan o disputen políticas extractivistas.

Mientras David Fajardo y otros activistas intentan averiguar qué tan lejos hemos navegado en la deriva hacia el autoritarismo, se ha vuelto urgente combatir la polarización que separa y enfrenta a los ecuatorianos. El Quinto Río de Cuenca demostró que la unidad es posible. Sin embargo, nada de esto hubiera ocurrido sin el trabajo de educación y sensibilización que realizan las organizaciones sociales.